Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la mercantil recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19, fundamentalmente el cierre de establecimiento. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la mercantil recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19, fundamentalmente el cierre de establecimiento. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: En base a los hechos en los que se basa la petición de asilo, se entiende que el hecho ocurrido en enero de 2017, parece propio del ámbito de la delincuencia común y, de ser cierto, no parece guardar conexión con el denunciado en diciembre de 2017. En cuanto al que se dice ocurrido en diciembre 2017, es también muy genérico, no se aporta prueba alguna de su existencia, más allá de una denuncia presentada también de contenido muy genérico, se limita a decir que unos individuos que se dicen pertenecen a la Mara 13 les amenazaron, pero no los describe mínimamente ni aporta dato alguno que permita su identificación. Se entiende que estamos ante un supuesto del ámbito de la delincuencia común. No existe en el país de origen una situación de violencia generalizada en los términos exigidos por la STJUE de 30 de enero de 2014 (C-285712) por lo que no cabe la protección subsidiaria y, en cuanto a la autorización pare residir en España por razones humanitarias, no se prueba acto alguno del que pueda inferirse una especial vulnerabilidad del solicitante.
Resumen: La resolución recurrida denegó el abono de las diferencias en concepto de productividad funcional, solicitadas con fundamento en que los policías de extranjería del aeropuerto de Barcelona realizan las mismas funciones que los policías del aeropuerto de Madrid, y que éstos perciben una mayor cantidad mensual por este mismo concepto. En la sentencia se considera que los órganos periféricos desarrollan idénticas funciones en distintos ámbitos territoriales, y lo hacen mediante un personal que es reclutado con idénticos procedimientos selectivos, que lo aglutina por la identidad de los requisitos exigidos para el desempeño de las funciones que se están atribuidas. Existe además una homogeneidad de las estructuras y de las funciones que tienen asignadas, todo lo cual constituyen elementos suficientes para fundar un juicio de igualdad como el propuesto por la parte recurrente, sin que la Administración haya ofrecido argumento alguno que justifique esa diferencia de trato retributivo, ni haya aportado las resoluciones, instrucciones o acuerdos que regulen los criterios de asignación del suplemento que aquí se reclama, por lo que se reconoce el derecho del demandante a percibir el complemento en idéntica cuantía que se reconoce a los funcionarios de plantilla del aeropuerto de Madrid.
Resumen: Se confirma la denegación de nacionalidad española por carecer de buena conducta cívica ya que ha sido condenado en sentencias firmes por conducción sin permiso y retirada cautelar o definitiva. Se considera que hayan sido o no cancelados estos antecedentes penales, no puede obviarse que se trató de un comportamiento antijurídico que no se corresponde con lo que se considera buena conducta cívica. La buena conducta cívica no puede identificarse sin más con la ausencia de antecedentes penales o policiales, a la inversa, su existencia no determina fatalmente la falta de integración cívica del condenado que aspira a la nacionalidad española. Dado el tiempo transcurrido pudo haber solicitado nuevamente la concesión de la nacionalidad española.
Resumen: Se intenta apelar la decisión de primera instancia del Juzgado Contencioso-Administrativo, ya que en su resolución deniegan la entrada a territorio español a un extranjero que consta como inscrito en el Sistema de Información de Schengen como no admisible. La defensa basa el recurso de apelación en el desconocimiento de la prohibición por parte del interesado, lo que la sala del TSJ falla estableciendo que lo cual no desvirtúa su efectividad al estar inscrito conforme a la normativa comunitaria expuesta, estando acreditado que se realizaron las comprobaciones correspondientes, obrando en el expediente el informe del agente actuante y la anotación de prohibición de entrada en territorio Schengen.
Resumen: Tras considerar la Sentencia la doctrina relativa a la cuantía a efectos del recurso de apelación cuando el objeto del recurso reside en la derivación de la responsabilidad tributaria, por la que, con carácter previo al examen del acto único de derivación de responsabilidad, ha de examinarse cada acto administrativo de liquidación y, en consecuencia, únicamente podrán acceder al recurso de casación, por razón de la cuantía, las liquidaciones derivadas cuyo débito principal supere el límite legal, en este caso los 30.000 euros del recurso de apelación, concluye que, de manera análoga, en el canon del agua que se incluye en cada factura expedida en una fase previa a los usuarios finales, constituye una liquidación que estos podrían impugnar o cuya exención o condonación acaso podrían reclamar; y parece bastante claro que llegada la controversia a la vía judicial, con la regulación procesal aplicable a los presentes autos, la apelación no sería posible en el supuesto de las facturas de 150 euros o menos.
Resumen: La cuestión de interés casacional objetivo consiste en examinar si se quiebra el principio de igualdad y libre concurrencia cuando se establece una puntuación más elevada por los servicios prestados en la Comunidad Autónoma convocante de un proceso de estabilización derivada de la previsión del artículo 2.4 y disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo.
